La falta de transparencia sobre quién financia los viajes de los legisladores, independientemente de su partido, es un punto débil para la confianza pública. Más allá de si hubo o no una irregularidad, el silencio y la ausencia de explicaciones claras alimentan la sospecha y dificultan que los ciudadanos puedan evaluar la integridad de sus representantes. Es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de protocolos más estrictos y una comunicación proactiva en temas de ética pública.