La moción de desacato es una herramienta de presión legal significativa. Más allá del mérito técnico de la acusación, su objetivo es generar desgaste en la defensa argentina y mantener al país en una posición reactiva. Esta estrategia de 'hostigamiento procesal', como la define el gobierno, busca abrir frentes de conflicto adicionales mientras se desarrolla el proceso de apelación principal. Para el fondo demandante, es una forma de aumentar los costos legales para Argentina y, potencialmente, forzar una negociación antes del fallo definitivo. Para el país, implica destinar recursos y atención a una batalla paralela, con el riesgo latente de que se busquen embargos sobre activos estratégicos, afectando la soberanía económica.