La propuesta de reforma plantea un dilema central: desarrollo económico versus protección ambiental. Mientras que la flexibilización de la ley podría atraer inversiones y generar empleo en el sector minero, es crucial analizar si los mecanismos de control provinciales serán suficientes para garantizar la preservación de fuentes de agua vitales a largo plazo. La decisión sobre qué glaciares se consideran 'reservas estratégicas' se vuelve un punto clave, y es fundamental que se base en criterios científicos rigurosos y transparentes para no comprometer un recurso escaso e insustituible.