Otorgar un carácter secreto a la totalidad de las actividades de un organismo de inteligencia plantea un debate fundamental sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la transparencia democrática. Si bien la confidencialidad es inherente a la función de inteligencia, una clasificación tan abarcativa podría dificultar los mecanismos de control ciudadano y parlamentario, esenciales para prevenir abusos y garantizar la rendición de cuentas. Es clave observar cómo se desarrollará el debate en el Congreso y qué salvaguardas se propondrán para mantener un control efectivo sobre un área tan sensible del Estado.