Los datos del informe exponen una marcada transferencia de ingresos desde los salarios de los inquilinos hacia los propietarios de inmuebles. Más allá del debate sobre la regulación, la situación actual plantea una pregunta fundamental sobre su sostenibilidad social y económica. Un modelo donde el acceso a la vivienda compromete la capacidad de una gran parte de la población para alimentarse, cuidar su salud, ahorrar o consumir, limita el desarrollo personal y el dinamismo de la economía en general. El multiempleo y el recorte en gastos básicos no son solo cifras, sino síntomas de un profundo estrés social que merece ser analizado con atención.