Este debate pone sobre la mesa una tensión fundamental en cualquier democracia: el límite entre la necesidad de un Estado de contar con herramientas de inteligencia para la seguridad nacional y la protección de las libertades civiles de sus ciudadanos. La controversia no gira solo en torno al contenido de la reforma, sino también al método utilizado (un DNU), que evita el debate parlamentario previo para un tema de esta magnitud. Es crucial observar si el Congreso logrará ejercer su rol de contrapeso y si la Justicia finalmente intervendrá para evaluar la constitucionalidad de las nuevas facultades. Más allá del resultado, la discusión invita a reflexionar sobre qué tipo de sistema de inteligencia es deseable y qué controles debe tener para no afectar los derechos fundamentales.